La oposición tradicional, partidos y líderes políticos, no lo son ya en este siglo XXI. No terminan
BORRACHOS PELEANDO POR UNA BOTELLA VACÍA
Alfredo García Deffendini | septiembre 13, 2017 | Web del Frente Patriotico
Al final de libro intitulado El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad (escrito entre 1898 y 1899), Marlow, el narrador, regresa a Europa desde África, y su tía al verlo tan agotado se preocupa por su salud y él le expresa: “No era mi fortaleza la que necesitaba cuidado, sino mi imaginación la que deseaba sosiego”.
Un país como Venezuela –donde la justicia ha perdido su cualidad fundamental como es la majestad que representa la imparcialidad e independencia de los poderes públicos, muy en particular la majestad de la justicia, por el arropamiento ideológico del Ejecutivo–, se está preparando para los peores desórdenes y su hundimiento como país civilizado. Más, cuando quienes deberían ser los contrapesos del secuestro institucional, la oposición tradicional, partidos y líderes políticos, no lo son. No terminan de entender que quienes gobiernan representan una dictadura comunista que afortunadamente perdió el disfraz de democracia. No como dicen muchos de los líderes opositores cuando le preguntan: ¿Qué tipo de sistema impera en Venezuela? y al unísono responden: “Bueno, esto no es una democracia, pero tampoco es una dictadura o quienes de ellos se refieren que sí es una dictadura, pero todos terminan participando en elecciones”, qué contradicción.
Mientras mantengan tan absurdo criterio político y jurídico confunden y se hacen cómplices, ya que una de las principales fuentes, entre otras de las bondades del sistema democrático, son las elecciones, que le otorgan la legitimidad de origen –la gente–, pero entendiéndose que para poder concurrir a un proceso electoral tanto el administrador de los comicios (CNE), imperativamente tiene que ser un árbitro imparcial y autónomo del Poder Ejecutivo y muy en particular que su base fundamental el registro electoral, y el registro civil, sean confiables y no estén adulterados. En caso contrario, cuando ha sido demostrado una y otra vez por estudios de técnicos electorales, matemáticos y estadísticos de nuestras mejores universidades, y en el mes de agosto pasado por la misma empresa privada, Smartmatic, encargada por el Estado de la inspección y confiabilidad del procedimiento electoral, que sorpresivamente declara en un comunicado público que las elecciones del 30 de julio para la escogencia de los constituyentes fueron manipuladas. Y a pesar de todo ello los partidos y dirigentes de la oposición continúan participando en nuevas elecciones, actitud que le otorga al régimen, lo que tanto la dictadura comunista requiere: legitimidad de origen.
Ese es el meollo, que los políticos y los partidos se niegan a enfrentar y por ello, tozudamente, les permiten al régimen, paulatinamente ir desbancando todos los demás controles de una verdadera democracia: la división e independencia de los poderes, en particular del Judicial, Legislativo y Electoral, que constituyen requisitos sine qua non para su calificación y aceptación como Estado democrático, e indudablemente lo oxigenan para continuar corrompiendo, socavando e ideologizando a la fuerza armada. Cuando estos son secuestrados, queda una sola calificación, se vive en dictadura y en nuestro caso en una comunista. De ese secuestro institucional, fundamentalmente son corresponsables, por participar en elecciones totalmente amañadas, los partidos y dirigentes que dejan inexistente el necesario contrapeso a todo gobierno al concurrir a procesos viciados y manipulados, así colaboran en el gran engaño al colectivo nacional. Terminando todos, engañados y engañadores, por no estar a la altura de la tragedia que vivimos, suicidándose colectivamente con cada proceso electoral al cohonestar el fraude.
El régimen tiene su medio “electoral” muy claro, este –las elecciones– le permite que con cada interregno, entre uno y el próximo proceso electoral, continuar con su andar de involución y destrucción. Proceso que ensambla y ejecuta con precisión matemática de uno a dos por año –van 21 elecciones en casi 19 años–, y la oposición sigue sin entender que aun triunfando, cuando imprevista y excepcionalmente lo ha hecho, el régimen gana porque terminan legitimándolo ante el país y el mundo. Las elecciones, que originan a toda democracia, cuando se hacen como mascaradas electorales les facilita a la dictadura comunista afianzarse e ir destruyendo todos los valores republicanos y judeo-cristianos. Aun, cuando el estatus quo de los partidos y dirigencia opositora participacionista, y parte del país no lo quieran entender basándose en una metáfora y en un chantaje como son los “espacios” que no se pueden perder. Con su concurrencia le están permitiendo al régimen ejecutar un genocidio a los valores más arraigados del gentilicio venezolano. Indiferencia insisto, por parte de los partidos y de los líderes colaboracionistas en el circo electoral que los convierten en cómplices voluntarios o involuntarios de la tragedia nacional. Ignoran que ellos tambien están a punto de ser destruidos porque del genocidio de los valores se avanza al genocidio como jurídicamente es aceptado por la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946, al considerar al genocidio como un crimen, según la ley internacional.
Sin duda alguna, esa falta de contrapeso es la que ocasiona a muchos “el desosiego a la imaginación y al espíritu”. Cuesta comprender cómo una sociedad a la que le están destruyendo todos sus valores morales y materiales, –la gente– no termina de entender que con el aval que les dan a sus líderes políticos y partidos, participando en procesos electorales fraudulentos, se hacen también cómplices de su propia destrucción.
A pesar de ello, todavía quedan hombres, unos presos, otros asilados y muchos luchando en el país a pesar de los riesgos que cada dia corren, que edifican su vida sobre el estricto valor de la dignidad, de la ética y el deber, de allí saldrá el Lucio Quincio Cincinato. Estos conseguirán salir enteros en sus valores de la tragedia nacional, aún cuando los otros traten de empujarlos al tenebroso círculo de la mentira y del engaño, como son los procesos electorales manipulados. Hoy, ya ni siquiera hay alegría en el resplandor del Sol; por el lado de quienes gobiernan el mal está escondido en las profundas tinieblas del corazón, por el otro lado, la de la mayoría de la gente, no sé cuánto sentimiento acumulan de agravio y de ira. El magma del volcán se acumula para una guerra civil.
Ojalá, después de la próxima “gran estafa electoral con los comicios regionales”, esa población electoral de la oposición reaccione cuando el CNE declare que solamente obtuvieron unas cuantas gobernaciones y felicite a los partidos opositores por ello. De esta forma el CNE, como apéndice del Ejecutivo nacional, logrará su tan ansiada necesidad de un baño de legalidad como arbitro imparcial. El daño estará hecho y nuevamente el régimen se arropará con la legitimidad necesaria, mientras tanto la oposición que participó como si fuesen borrachos peleando por una botella vacía se sentirá complacida por ganar “espacios vitales”, espacios estos, que no son otra cosa que un chantaje para que la gente asista a esa parodia de acto electoral.
Quienes participen se sumarán al festejo de bufones de los presuntos líderes de la oposición, quienes celebrarán que con estos resultados ahora sí vencerán a la ignominia en las próximas elecciones presidenciales, continuarán corriendo la arruga. El colectivo tiene que entender después de la nueva “gran estafa electoral”, que no se les puede seguir engañando porque ya no podrán decir que se les “engaña”, se harán entonces cómplices de la tragedia. Cito las reflexiones de Octavio Paz (escritor y diplomático mexicano, premio Cervantes y premio Nobel), cuando escribió sobre el engaño: “Y aquellos que se autoengañen, hasta qué punto el mentiroso de verdad miente, de veras se propone engañar, y se preguntaba ¿no es la primera víctima de sus engaños y no es a sí mismo a quien engaña?”. La historia juzgará.
Por donde andará Lucio Quincio Cincinato.
agarciadeffendini@gmail.com
DE RAMÓN ESCOVAR SALÓM A LUISA ORTEGA DIAZ
Fernando Tineo | septiembre 13, 2017 | Web del Frente Patriótico
Luego de su destitución el 5 de agosto por la recién electa Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz ya sin el poder que le otorga la constitución al ser la Fiscal General de la República, logró escabullirse de los tentáculos de la dictadura que nace al norte de Suramérica. En lancha y en avión, logró llegar a Colombia y después de recibir el salvo conducto del gobierno de Juan Manuel Santos, quien inclusive le ofreció asilo político, emprendió un viaje que ha causado un sismo que empieza a socavar las bases del gobierno de Venezuela que dirige Nicolás Maduro.
Antes de marcharse, Ortega Díaz citó a varios integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) por violación de derechos humanos y algunas personas allegadas a funcionarios del gobierno por casos de corrupción, pero del presidente no hizo referencia directamente. Por qué no lo hizo? La respuesta podría ser la falta de institucionalidad en Venezuela, el hueco sin fondo de la impunidad.
Sin embargo, una vez fuera del país señaló al mandatario y su entorno de estar inmiscuidos en delitos que no prescriben, corrupción y violación de derechos humanos.
Una vuelta al pasado
Debemos recordar que hace 25 años, el 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la petición de antejuicio de mérito contra el Presidente de la República Carlos Andrés Pérez.
El Fiscal General de la nación Ramón Escovar Salóm, hizo la petición después de la denuncia que hiciera el periodista José Vicente Rangel sobre posibles hechos de corrupción en el gobierno nacional. Un día después, el senado aprobó la destitución de Carlos Andrés Pérez.
Constituionalidad, pase de factura de los “adecos”, complot entre el Fiscal General, adversarios políticos y el alto tribunal. Fue mucha la tela de araña que se tejió alrededor de la caída de Pérez en 1993, sin embargo, debemos resaltar que tras una denuncia de un periodista, el mismo no fue perseguido ni encarcelado y el supuesto hecho se investigó y se “determinó” que se había desfalcado a la nación por la cifra de 250 millones de dólares, los cuales fueron destinados para ayudar a asentar la democracia en la presidencia de Violeta de Chamorros, en Nicaragua, en ese momento inmiscuida en un conflicto interno entre sandinistas y contras.
Según el politólogo Ricardo Sucre Heredia, existe una primera coincidencia entre ambos fiscales, y es que se usó la fiscalía para tratar de sacar a un presidente. En el caso de Escovar Salón se logró, Luisa Ortega no pudo hacerlo, al menos por ahora. En el 1993, el Fiscal General contaba con el respaldo de un buen porcentaje de la ciudadanía que quería salir del presidente porque no estaban de acuerdo con las medidas que éste tomó.
Además el sector político también estaba en contra de Carlos Andrés Pérez, inclusive dentro de su propio partido Acción Democrática. “Este escenario llevó a una ruptura en la política que desencadenó en la destitución del presidente, quien aceptó porque era un demócrata”. Sucre aseguró que en aquel momento existía más equilibrio de poder dentro del Estado. “En la actualidad no es así”, afirmó. “Luisa Ortega que era chavista falló en su estrategia”, dijo el profesor universitario Sucre Heredia.
“Falló porque buscó esa misma ruptura de 1993, y no ocurrió, ella que era chavista se deslindó del proyecto de gobierno y en principio utilizó un discurso sobre recomponer el estado de derecho y la institucionalidad en el país, pero después se radicalizó y no gustó en las filas de las que desertó”.
El politólogo dijo que en las filas del gobierno, de donde venía Luisa Ortega, no quieren sacar a Nicolás Maduro, como si ocurría en 1993, por el contrario, quieren permanecer dentro del proyecto político.
Con todas estas denuncias que está haciendo Ortega días, según Sucre Heredia, “pierde el gobierno pero también el venezolano, el gobierno porque se ve cercado, con el repudio de otros países que lo observan como una dictadura, y bueno la gente por lo que estamos viendo ahora, esa especie de xenofobia que existe contra todos lo venezolanos en cualquier parte del mundo”, dijo Sucre.
Por otra parte, Eduardo Fernández, abogado, congresista venezolano hasta 1988 y candidato presidencial que fue derrotado ese año precisamente por Carlos Andrés Pérez, manifestó a Venepress que en 1993 hubo un complot del cual formó parte el Fiscal General Ramón Escovar Salón, “quien fue un instrumento de las circunstancias”.
“Era un clima muy contrario a que Pérez permaneciera en el poder”, afirmó Fernández.“El Tigre”, como se le conoció a Eduardo Fernández en la campaña de 1988, aseguró que CAP no cometió ningún delito al utilizar la partida secreta para ayudar a la estabilización de Nicaragua, que salía de un conflicto interno.
Con esto, Eduardo Fernández quiso dejar claro la diferencia entre aquel titular del Ministerio Público y lo que ocurrió con la actuación de Luisa Ortega Díaz y su deslinde final del madurismo.
“No se cual fue el cálculo político de Ortega Díaz, lo que sí se es que no se equivocó al defender la constitución, creo que hizo lo correcto, más bien creo que tardó mucho en defender el estado de derecho”, dijo Fernández.
Eduardo Fernández coincide con Ricardo Sucre Heredia, en que la única similitud de ambos casos es que se trató del Ministerio Público y el poder de la presidencia de la República, en uno se puso fin al mandato del jefe del Estado, en otro, quien perdió el poder fue el Fiscal General, aunque, hizo lo que debía hacer, defender la constitución.
Fernando Tineo fernandotineo1977@hotmail.com
MADURO DE CARA A LA CONVENCIÓN DE PALERMO
Carlos E. Aguilera | septiembre 13, 2017 | Web del Frente Patriotico
A finales del año 2000, en la ciudad siciliana de Palermo, en Italia, 124 países de los 189 miembros de la Organización de la Naciones Unidas firmaron la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante la Convención), tratado que tiene dos objetivos principales: El primero tiene por objeto eliminar las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales que en el pasado hubiesen podido bloquear la asistencia mutua. El segundo establece normas para las leyes domésticas, de manera que se pueda combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada. De esta manera, el acuerdo está básicamente orientado a promover la cooperación en la lucha contra la criminalidad organizada, y en él se prevén medidas que los países firmantes pueden adoptar en áreas como la asistencia legal mutua, el control de la corrupción o el blanqueo de activos. También se abordan asuntos como las medidas judiciales, la cooperación informal, las pesquisas judiciales conjuntas y las técnicas especiales de investigación criminal.
A lo largo de las dos últimas décadas se han dado diversas situaciones en el campo de la actuación del crimen organizado que sirvieron como justificación para los esfuerzos conducentes a la firma de la Convención de Palermo, desde la perspectiva tanto de los Estados más afectados como de la ONU, por lo que progresivamente se empezó a reconocer el crimen organizado como un atentado a la soberanía y a la democracia, y una fuente de corrupción estatal y de contaminación de la actividad económica.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas por fortalecer la cooperación entre países para la lucha contra el crimen organizado no son recientes, y se fueron consolidando a lo largo de congresos que se realizaron cada quinquenio sobre la prevención del delito. De tal manera que en el año 1992 la ONU estableció la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. A finales de 1994 en el contexto de una conferencia mundial sobre el tema se aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada, documento que poco después sería adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un principio esta idea fue acogida con gran entusiasmo por los países en desarrollo. Se consideraba que la negociación de un acuerdo mundial, con más de un centenar de firmantes, conduciría a un documento demasiado general y de bajo perfil. Una serie de conferencias ministeriales de seguimiento sirvieron para crearle un ambiente más favorable a la idea de una convención mundial sobre delincuencia organizada
Los textos finales elaborados por el comité fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2000. Entre el 12 y el 15 de diciembre del mismo año se realizó en Palermo una conferencia de alto nivel para la firma de la Convención y los protocolos. Se escogió esta ciudad como un tributo a la lucha del Estado italiano contra las mafias sicilianas. El plazo para firma en la sede de las Naciones Unidas siguió abierto por dos años más, hasta el 12 de diciembre de 2002.
En virtud de los avances significativos en la lucha contra la delincuencia organizada, los países firmantes del protocolo están obligados a realizar un esfuerzo conjunto y de cooperación con los organismos de seguridad, así como los sistemas judiciales de los distintos países, para proponer un impulso a los procesos de entrenamiento y de cooperación técnica, y apoyo a la asistencia financiera y material para con los países menos desarrollados. Dentro de la Convención la cooperación entre países incluye temas como la extradición y la asistencia legal mutua.
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentó un determinante informe de 39 páginas sobre Venezuela, en el que denuncian “la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, así como “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones; la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos, todo lo cual denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”.
En virtud de lo anteriormente indicado, preocupa mucho a la ONU la precariedad de los derechos humanos en el caso venezolano, concretamente los procedimientos inquisitivos ejercidos por los organismos de seguridad relativamente inmunes al control civil, sumados a la prioridad que se le ha asignado a ciertos delitos, como el tráfico de drogas y migraciones forzosas, o lo que es igual, del hecho político ha pasado a la violencia y ello es un delito, porque la política es un servicio social sujeto a la democracia en la que se respetan las libertades públicas y los derechos humanos.
En este contexto, el énfasis que se le asigna en la Convención a ciertas conductas, cuyo adecuado control exige necesariamente fortalecer los métodos inquisitivos de investigación, van en contravía de los avances recientes logrados en muchas sociedades en materia de derechos humanos y supervisión civil de los procedimientos de los organismos de seguridad de un Estado.
Son innumerables los casos de la violación de los derechos humanos en Venezuela durante los 19 años desde que se instauró en el poder el llamado socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez, y tras su fallecimiento su hijo putativo Nicolás Maduro Moros. Delitos cuyas denuncias reposan en el seno del máximo organismo mundial, por lo que algunas ONG, entre otras Interamerican Institute for Democracy, que velan por la estabilidad de las democracias latinoamericanas, exhortan a la comunidad internacional a solicitar la aplicación de la Convención de Palermo al régimen de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores del régimen.
En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) de acuerdo con la disposición legal aprobada puede acusar, investigar, juzgar y capturar a quienes incurran en los delitos anteriormente tipificados, como el caso venezolano con Maduro y sus huestes, como lo denuncia la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien lo acusa de haber obtenido beneficios materiales, cometido delitos graves contra la libertad, el Estado y la economía, detentando ilegalmente el poder político con fines de impunidad, amén de las denuncias sustanciadas ante el máximo organismo mundial.
Venezuela clama por paz, seguridad, estabilidad social, política y económica entre sus necesidades más apremiantes, para salir de tan horrible pesadilla y retornar a una nación altiva y soberana con un gobierno de respeto, libertad y conducta civilizada.
careduagui@gmail.com
